Según el tipo de problema que se deba poner en manos de un abogado, es conveniente elegir al profesional adecuado. Factores como la especialización y la experiencia del letrado en asuntos que se plantean, resultan claves para la óptima resolución de un caso particular.
Elegir un abogado es, después de elegir un médico, un asunto de suma importancia. Decía don Diego de Saavedra, allá en el siglo XVII: “Tales son los hijos de la jurisprudencia, que es menester pagallos porque hablen y porque callen. Yo los tuviera por los más dañosos al mundo, si no hubiera médicos; porque si los letrados nos consumen la hacienda, éstos la vida”.
Quizá la comparación más clara entre médicos y abogados se produzca en el derecho penal. Esto es cuando el cliente corre un cierto riesgo de acabar en prisión o cuando persigue este severo castigo para un tercero. De la habilidad del letrado depende la libertad del cliente, como de las manos que empuñan el bisturí, la salud del enfermo. La amenaza de reclusión, como la de la muerte, hace tan y tan especiales a penalistas y cirujanos.
Al entrar en un bufete, unos preferirán la elocuencia (“no hay asunto increíble que la elocuencia no pueda hacer que parezca probable” decía Cicerón) y otros la discreción. Eso depende. Pero por encima de eso, debemos tener fehaciente constancia de que se dedicará a nuestro asunto –siempre el más grave del mundo, a ojos del cliente –el tiempo necesario. Sin apresuramientos, presentando escritos sin las típicas apreturas del día en que finalizan los plazos. El ajuste biorrítmico también es un factor de compatibilidad cliente/profesional. Difícilmente veremos asociados clientes “sufridores” con abogados desordenados. Vaya también de antemano que la impaciencia es mala consejera y que los tempos de demandas, recursos, resoluciones y sentencias forman parte de un reino incierto gobernado por el retraso y la saturación. En ellos estamos castigados, como Diógenes, a sostener el candil en la oscuridad.
También solemos ser insistentes en apreciar que nuestro asunto no acaba en manos de un pasante sin licenciar o de un recién licenciado sin bregar. Por supuesto, queremos al mejor, al líder del despacho. Entre otras cosas porque le pagamos a él, precios de primer espada. O eso tendemos a pensar.
¿Cuándo hay que consultar a un abogado?
Cada vez que se enfrente a situaciones o documentos en los que tenga dudas sobre sus implicaciones presentes o futuras o su trascendencia misma en el ordenamiento legal o administrativo. Listar esas situaciones resultaría muy prolijo. Tras esa primera decisión y escuchada una primera impresión la cuestión es contratarle con la sana ambición de mejorar nuestro entorno de seguridad legal. Ese acuerdo entre profesional y consumidor exige un acuerdo previo, tanto en honorarios, como sobre todo en estrategia de cómo se defenderán sus intereses. ¿Qué se pretende?, ¿Cómo se pretende? y ¿ Cuánto tiempo y dinero nos costará conseguirlo? son preguntas que no deben darle pudor plantearlas.
¿Y valorar una segunda consulta?
¿Y ver a un segundo abogado? Se percibe un frecuente error en esta materia que tiene que ver con preocuparse de manera concienzuda por el asunto y sobre si su progreso o resultado ha sido el adecuado. A menudo, la gente pierde asuntos en los tribunales, recurre, e incluso llega a lo más alto de la justicia sin chequear todo el arco de posibilidades que están a su alcance. A veces, por ejemplo, no se someten al criterio de otros profesionales los evidentes fracasos de estrategias de letrados en los que hemos confiado. Simplemente, se asume la derrota. En ocasiones, los asuntos legales pueden dar la vuelta, si se exponen a otros abogados y se vuelven a abordar antes de que queden prescritos y teniendo en cuentas los errores.
El valor de la capacidad negociadora del profesional.
La nueva influencia de los profesionales del derecho les hace insustituibles en las negociaciones de todo tipo, desde vender una casa hasta cerrar un contrato de exportación o unas due diligences para comprar una empresa. Incluso tenemos ya despachos especializados en representar a sus clientes en las más adelantadas fórmulas de arbitraje o laudo. Aún a pesar de que otros abogados desaconsejan este tipo de resoluciones y prefieren las judiciales con el argumento de que un procedimiento legal ahorraría disgustos, aunque probablemente no tiempo.
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